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Universidad

may 14 / 2014

ESPECIAL UNIVERSIA RÍO 2014

Las entrañas de la universidad

En España, el modelo de la pública puede resultar, según los expertos, «farragoso», y el de los centros privados, «poco integrador». ¿Cómo se organizan y cómo funcionan las universidades? ¿Hacia dónde deben ir?

Rector, consejo de gobierno, facultades, escuelas, departamentos... La universidad pública está compuesta por un sinfín de órganos, pero todos ellos guardan una característica en común: «El modelo organizativo es claramente 'bottom up', es decir, de abajo arriba», apunta Antonio Pulido, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. «Se trata de que la base, la representación de todos los estudiantes, los profesores, el personal de administración y servicios, es la que al final elige a toda la universidad», añade.

Como máximo responsable del conjunto de los órganos se halla el claustro, en el que están representados profesores, alumnos y personal de administración. «Es una especie de parlamento compuesto por un gran número de personas que tienen una base electora», explica el decano de la Facultad de Economía de la Universitat de Valencia, Vicent Soler.

Directamente por debajo se encuentra el consejo de Gobierno, que establece las líneas estratégicas de la universidad, así como las directrices y los procedimientos para su aplicación. Dentro de ese órgano se encuentran el rector, el secretario general, el gerente, representantes de la comunidad universitaria, etc. Y, a partir de ahí, si seguimos bajando escalones, nos encontraremos con que cada universidad se puede componer de varias facultades y escuelas, que cuentan con un decano y su equipo (elegidos por votación) y los distintos departamentos repartidos según las especialidades, supervisados por el correspondiente director.

Diversos intereses

Pese a que con este sistema podría parecer que los intereses de los distintos departamentos van en la misma dirección, la realidad es que, tal y como señala Pulido, cuando «se lleva al extremo», puede plantear serios problemas en la organización: «El rector depende de lo que le marcan los electores, que pueden representar intereses muy distintos dentro de la universidad, por lo que está muy condicionado a la hora de tomar decisiones».

Las luchas de poder, tal y como señala el catedrático emérito, se pueden dar dentro de cada escalón organizativo con «objetivos que no tienen por qué ser siempre los mejores para la universidad. Los decanos de las facultades pueden estar en contra del propio rector y hacerle la vida más o menos complicada —continúa—. Por tanto, este sistema de elección permanente desde la base hacia arriba condiciona totalmente la toma de decisiones, que acaba siendo muy limitada».

Cómo se decide

De este modo, a la hora de resolver un determinado tema, este tendrá que ser revisado y aprobado por los distintos órganos. Supongamos que varios profesores tienen la iniciativa de ofertar un nuevo máster universitario. Su propuesta deberá pasar en primer orden por el departamento para después ser revisado por la junta de la facultad, que una vez aprueba el interés académico de ese máster lo propone a la comisión de posgrado. Si esta da el visto bueno, pasará al consejo de gobierno, que si lo aprueba, lo remitirá tanto a la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) como a la comunidad autónoma en la que esté la universidad. La Aneca, organismo creado por el Ministerio en 2002, lo revisará y emitirá un veredicto. 

«Si lo aprueban, ese plan de estudios volverá a la universidad y esta se lo pasará a la facultad, que podrá poner en marcha el máster. El desarrollo de todo este proceso puede llevar perfectamente un año», asegura Soler. Alrededor de este sistema de toma de decisiones en la universidad pública, existen divergencias de opiniones. Mientras unos lo ven como una «garantía», otros aseguran que se trata de una «lacra».

«Es un sistema muy garantista en todos los sentidos, quizá se podrían acortar los plazos, pero lo que da es mucha confianza, el producto ha pasado por muchas miradas, se ha tenido que negociar y que hablar. Todos tienen la oportunidad de participar, y si no fuera así, dudo que el resultado fuese tan bueno, reflexiona Soler. «Al final los últimos beneficiados han de ser los estudiantes».

Sin embargo, pese a las virtudes que pueda tener el modelo actual, hay voces que se muestran a favor de que gane dinamismo. «Es un sistema de gobierno que nos ha llevado a una buena situación, ha funcionado, pero creo que sería bueno reformarlo y hacerlo más ágil», apunta el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y responsable de la Universidad de Zaragoza (UZ), Manuel López. «Los problemas de gobernanza son muy característicos en la sociedad actual. Todo el mundo entiende que hace falta una modificación en este sentido en la Unión Europea, en nuestro propio país, en las comunidades autónomas... Es la sociedad la que ha cambiado y la que exige que las instituciones cambien con ella».

Por su parte, el director del Center for Management Innovation (CMI) y profesor de la Rutgers University de New Jersey (EEUU), Carlos Martín-Ríos, es muy crítico con el modelo organizativo de la universidad pública, del que asegura que «es más bien una lacra. La gestión corresponde a personas que no tienen por qué tener mucha experiencia en esa área y los criterios por los que se rigen no necesariamente son los intereses de la sociedad. Es más bien una universidad que se fagocita a sí misma y responde a su propia dinámica y sus propios intereses».

La privada

En el extremo opuesto encontramos los centros privados, donde el modelo de toma de decisiones es de arriba abajo y los cargos se establecen por designación y no por votación.

«Muchas universidades privadas son propiedad de una familia o de un grupo de capital, que son los que nombran al rector. Lo normal es que este nombre directamente a gente de su confianza para su equipo, aunque para la elección consulte al profesorado. Sin embargo, el que toma la decisión y el que asume las responsabilidades es él, que a su vez está muy condicionado por el grupo promotor, que es el que impone los criterios de carácter fundamental», explica Pulido. 

De este modo, el máximo órgano de gobierno es el patronato, en el que quedan representados los intereses del grupo que está detrás de la universidad. Así, si volvemos al ejemplo de ofertar una nueva titulación, el proceso de toma de decisiones sería el siguiente: la facultad, a través de su decano, propone al consejo de gobierno de la universidad la creación del nuevo título. Este, a través de su rector, lo presentará al patronato para su aprobación, que en el caso de que dé el visto bueno, deberá remitirlo también a la Aneca y a la Comunidad para que lo aprueben.

«Depende de la naturaleza de las decisiones que se tomen, pero por lo general el proceso es ágil», explica el subdirector general de centros de San Pablo CEU, José Morillo-Velarde. «El patronato es soberano, por lo que si dice que sí, no hay una segunda instancia», añade.

Este modelo, tal y como señala Pulido, «llevado al límite» también plantea problemas organizativos en los que los escalafones más bajos pueden no sentirse representados en las decisiones: «El grupo de poder o la persona que está detrás de la universidad puede decidir absolutamente todo, dándole al rector poco poder y utilizándole más como representante genérico que para la toma de decisiones. El profesor último puede no estar casi integrado en el proceso».

Hacia dónde ir

Para los expertos, una pieza clave dentro de la organización universitaria es dar más libertad al rector y su equipo para que trabajen junto al consejo social, que es el órgano que supervisa las actividades de la institución y actúa de enlace con el entorno socioeconómico.

«El rector —asegura Pulido— tiene que ser elemento clave de funcionamiento de la universidad, se le debe dar responsabilidad y ha de contar con un equipo de apoyo digno. Cuando termine su mandato, que se le juzgue, que tenga responsabilidad, pero es necesario que pueda maniobrar. Al lado de él tiene que estar el presidente del consejo social representando los intereses fundamentales de la sociedad».

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