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ESPECIAL UNIVERSIA RÍO 2014

¿Cómo se financia una universidad?

La universidad española está financiada en su mayoría con dinero público, al igual que muchas de las de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia. Pero, ¿cómo se reparte ese dinero?

may 23 / 2014

Ocho de cada 10 euros de la universidad pública en España proceden de las arcas públicas. En concreto, el 80% del montante público viene directamente de las Comunidades Autónomas; en torno al 18%, del Estado; y el resto, una cifra entre el 1 y el 2%, de los ayuntamientos. Las nóminas de profesores y personal, así como todo lo relacionado con el día a día y el mantenimiento de las instalaciones, son responsabilidad de las CC AA. El Estado aporta, y decide, qué se destina a las becas y a los distintos programas de investigación por los que compiten las universidades.

La parte privada de la financiación de la universidad, que corresponde a dos de cada diez euros, procede fundamentalmente de las familias que abonan las matrículas y, en menor medida, de los servicios que prestan las universidades a empresas o instituciones y que cobran por ello. Aquí entran también la enseñanza de idiomas, las residencias universitarias o las titulaciones propias.

El reparto

Existen dos tipos de criterios para repartir la financiación entre las universidades: los que tienen que ver con la actividad de la universidad ('input') y los relacionados con los resultados de tal actividad ('output'). Entre los criterios input destacan el número de estudiantes matriculados o las dimensiones de la universidad, mientras que los criterios 'output' pasan por el número de patentes conseguidas, alumnos que finalizaron con éxito los estudios o las horas dedicadas a investigación por parte del profesorado.

Para Santiago Guerrero Boned, exgerente de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad, «en los últimos años han ido perdiendo peso los criterios 'input' en favor de los de resultados. Con ello, los responsables políticos quieren orientar la universidad hacia determinados resultados socialmente más necesarios, como primar que los estudiantes terminen sus carreras en los años que corresponde para mejorar la eficiencia del sistema o destacar las patentes y la investigación orientada para mejorar el sistema productivo».

Falta evaluación

Sin embargo, no toda la comunidad universitaria observa esta tendencia hacia los resultados y la calidad. «En España no existen, por ejemplo, los rankings de calidad que certifiquen que el dinero que el Estado invierte en la universidad está dando resultados. Al no existir una evaluación de la calidad que sea del dominio público, como sí sucede en Gran Bretaña o en EEUU, las universidades y el profesorado no se hallan en la necesidad de superarse», explica Juan Antonio Garrido Ardila, catedrático de Literatura Comparada de la Universidad de Edimburgo. «Nunca ha habido un verdadero sistema de control de la calidad, y cuando lo ha habido, en el ámbito internacional, se han visto las consecuencias», añade.

Según Juan Hernández Armenteros, profesor de la Universidad de Jaén y experto en financiación universitaria, «uno de los problemas es la definición de los objetivos. Se conocen los fines, que son la docencia, que aglutina el 70% de la inversión, y la investigación, con el 30%, pero faltan objetivos. Así es complicado hablar de eficiencia».

Una de las herramientas que persigue la eficiencia es el contrato-programa, un acuerdo entre la Administración y la universidad que condiciona la financiación a la consecución de objetivos. «Es un primer paso para introducir la cultura de objetivos en estos centros, pero es menor: cuando la universidad trata de interiorizar este método, no cala —explica Armenteros—. De hecho, en algunos casos, la universidad fija los objetivos a la baja para asegurarse de este modo la concesión de la financiación. La preocupación ahora no es tanto mejorar el sistema financiero como cubrirlo: cubrir las nóminas».

Otras formas de financiación: el mecenazgo

De larga tradición en EEUU, el mecenazgo apenas se da en las universidades españolas. Esto se debe a que la figura del mecenas, que puede ser una persona o una empresa que dona una cantidad de dinero a cambio de una contraprestación fiscal o de otro tipo, suele ser asumida por la Administración pública.

«La ley no ayuda. Si el dinero que una persona física o jurídica entrega a una universidad fuese desgravable de la cuota a pagar del impuesto de la renta o de sociedades, tal vez algunos ciudadanos dijesen: "para dárselo a los políticos, se lo doy a mi universidad"», explica Guerrero Boned.

Otra razón podría ser de tipo cultural. «Los grandes mecenas del siglo XIX en EEUU, como la familia Vanderbilt o Andrew Carnegie, hicieron grandes fortunas en un país cuya economía estaba creciendo rapidísimamente, con unos recursos naturales extraordinarios y una población que se multiplicaba. Había que construir el país y estos magnates quisieron contribuir económicamente a la formación de la nación en la que habían hecho fortuna. Se creó así una conciencia del mecenazgo casi como una obligación moral, cuenta el profesor Juan Antonio Garrido. «Muchas universidades estadounidenses conservan el nombre de sus mecenas: Harvard (John Harvard), Yale (Elihu Yale), Brown (Nicholas Brown), Rice (William Marsh Rice)...».

Para el profesor Juan Antonio Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo, el fomento del mecenazgo en España tendría que ir en tres direcciones. Además de los incentivos fiscales y de potenciar la cultura del mecenazgo para que los que más tienen hicieran una labor social con parte de sus beneficios, la tercera vía tendría que ir encaminada a la recompensa no monetaria: «Que el mecenas se sienta retribuido aunque sea de forma intangible. Por ejemplo, poniendo nombre a una instalación que no solo recordara para el futuro el nombre del mecenas, sino que también reforzara su prestigio social».

Sin embargo, el mecenazgo, que apenas existe fuera de EEUU, plantea riesgos. En opinión de algunos expertos, el mejor está en manos del Estado, pues solo así puede garantizarse una distribución de los fondos de manera equitativa y eficaz, evitando desigualdades arbitrarias.

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